Artículos

Este trabajo tiene dos objetivos fundamentales. El primero de ellos es analizar el tratamiento que recibe el delito de enriquecimiento ilícito en la normativa internacional, centrándonos especialmente en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en la Convención Interamericana contra la Corrupción, y en la Convención de la Unión Africana para prevenir y combatir la Corrupción. El segundo objetivo es analizar los elementos que se derivan de la definición de enriquecimiento ilícito que se da en estos tres instrumentos internacionales. Para conseguir estos objetivos, el trabajo está dividido en dos partes. En la primera, se analiza el proceso mediante el cual las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y la Unión de Países Africanos, como una herramienta más en la lucha contra la corrupción, convienen en tipificar como delito el enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos. En la segunda parte, a partir de la definición que se da de enriquecimiento ilícito en las tres Convenciones, se analizan sus principales elementos. Así, se analiza los destinatarios de la norma, el incremento significativo del patrimonio y la no justificación del incremento patrimonial por parte del funcionario público. En este análisis se dan, sin entrar en consideraciones de tipo dogmático, ejemplos de cómo estos elementos han sido incorporados en las legislaciones nacionales. La autora, en las consideraciones finales, aboga por la necesidad de debatir sobre la conveniencia de tipificar, al margen de otras medidas preventivas, el delito de enriquecimiento ilícito en el Código penal.

Publicado: Mié, 05/27/2015 - 14:16

La garantía constitucional del principio de legalidad penal, se ha visto considerablemente extendida por una reiterada y constante doctrina jurisprudencial sentada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en torno al art. 7 del CEDH. Tal disonancia, obliga al Tribunal Constitucional Español a adaptar los márgenes del derecho fundamental equivalente, así como a nuestros Juzgados y Tribunales a acatar tales posicionamientos a la hora de interpretar y aplicar la norma penal.

Publicado: Mar, 05/26/2015 - 10:25

En este trabajo se trata de dimensionar la criminalidad organizada como un fenómeno social que se ha expandido en la globalización y cuya dañosidad social es ciertamente de envergadura, máxime cuando las redes internacionales trascienden los Estados y las categorías del Derecho Penal se han anclado en la responsabilidad individual. Partiendo de la experiencia italiana, se analizan los modelos de Política Criminal existentes, proponiendo un modelo de intervención penal que, sin desconocer la importancia de la prevención social, comprenda la magnitud de la capacidad criminógena de las organizaciones criminales actuales, por lo que se plantea la necesidad de instrumentos penales idóneos, de acuerdo a sus especiales características, que no desborden los principios fundamentales, especialmente el de proporcionalidad y control judicial. Una verdadera Política Criminal integral contra la criminalidad organizada.

Publicado: Lun, 05/25/2015 - 19:27

DIRECTIVA 2014/42/UE

(1) “LA MOTIVACIÓN PRINCIPAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSFRONTERIZA, INCLUIDA LA DE CARÁCTER MAFIOSO, ES LA OBTENCIÓN DE BENEFICIOS FINANCIEROS...”
(3) “ENTRE LOS MEIDOS MÁS EFICACES EN LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA SE ENCUENTRAN… LA DETECCIÓN EFICAZ Y EL EMBARGO Y EL DECOMISO DE LOS INSTRUMENTOS Y DEL PRODUCTO DEL DELITO

Publicado: Sáb, 05/16/2015 - 14:41

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