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“No hay desarrollo sin seguridad, ni seguridad sin desarrollo y no habrá ni seguridad ni desarrollo sin derechos humanos”
Kofi Annan.

El equipo de trabajo que constituye el Observatorio de la Criminalidad Organizada Transnacional tiene como antecedente la constitución del Proyecto Europeo International Flow Observation, financiado por la Unión Europea para formar a jueces y policías en el ámbito de una lucha más eficaz contra el tráfico de drogas de carácter internacional. Está constituido por miembros de la Universidad de Salamanca, la Universidad de Palermo y la Fundación Rocco Chinnici. La experiencia adquirida, las necesidades formativas detectadas y la complejidad de una lucha eficaz contra la criminalidad organizada transnacional, nos encaminaron a fraguar un ámbito de trabajo más amplio con el Proyecto DER2013-44228-R, denominado “La criminalidad organizada transnacional: una amenaza a la seguridad de los Estados democráticos”, dentro del cual estamos convocados una serie de profesores universitarios de diferentes Universidades de España, Italia, Perú y Colombia, así como magistrados y policías, todos especializados en el tema y que ha sido financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad español.

Superado el período de la Guerra Fría, la criminalidad organizada transnacional y el terrorismo internacional se presentan como las amenazas más importantes a la seguridad de los Estados democráticos. El crimen global, esto es, las redes internacionales del crimen organizado, se comunican fácilmente al albor de la globalización. Las diferentes formas de criminalidad cometidas por medio de organizaciones, como el crimen organizado, el terrorismo y la corrupción, se intercomunican a través de las redes del mercado ilegal, donde confluyen sus conexiones, especialmente en el lavado de dinero. Desenmarañar este tejido criminal en nuestro mundo civilizado constituye una de las tareas más importantes de la Política Criminal moderna.

Para ello se requieren grupos de trabajos interdisciplinares, de carácter internacional, que analicen y expliquen transversalmente las características, causas, efectos, propuestas, programas de la criminalidad organizada transnacional, a los efectos de comprender el fenómeno criminal y dar una respuesta científica al mismo. Los trabajos suelen ser parciales, esto es, centrados en alguna de sus expresiones concretas, como el tráfico de drogas, el tráfico y trata de seres humanos, el blanqueo de capitales, etc. Todos temas fundamentales, aunque no siempre visualizan la escala mayor de la complejidad del asunto, los problemas de la transnacionalidad de las figuras criminales.

El mundo de los flujos (sociedad líquida de Bauman) se contrapone con la rigidez de los Estados nacionales y los marcos legales, obligándonos a una mirada distinta: una búsqueda de seguridad respetuosa de los derechos fundamentales. El ciberespacio, los espacios de desgobierno (Estados fallidos) incrementan las dificultades de una lucha más eficaz. El olvido de medidas preventivas, centrando la Política Criminal en aspectos represivos, muestran una cortedad de miras, muy al uso de los gobiernos nacionales. En realidad, estamos enfrentándonos a un fenómeno social, no a un conjunto de delitos, que por consiguiente adquiere aspectos políticos, sociales y económicos importantes, los cuales no se pueden soslayar en lo que se refiere a la prevención.

Nuestros objetivos centrales, una vez denunciados los aspectos anteriores, no son ni más ni menos que plantear propuestas para coadyuvar los retos que plantea la Convención de Palermo de 2000: armonización de las legislaciones penales y cooperación judicial y policial. Para llegar a ello se requiere dar muchos pasos previos ante un fenómeno poliédrico, cambiante y fácilmente camuflado en las instituciones legales de muchos países.

Especialmente importante es avanzar en la investigación y en la formación de los operadores jurídicos sobre la materia porque sólo puede alcanzarse la eficacia en términos de profesionalidad, nunca en términos de sacrificios desproporcionados de las garantías. Estos dos objetivos centrales del Proyecto dan cuenta de lo que el gran especialista Aleo sostiene: “La problemática de las garantías debe ser considerada en términos funcionales: garantía de formación, de profesionalidad, de colegialidad y responsabilidad de los jueces, sobre los criterios de argumentación y control empírico de las valoraciones”.