Exigencias político criminales y operativas en la lucha contra la criminalidad organizada trasnacional

La criminalidad organizada trasnacional se ha convertido en el siglo XXI, al amparo de la globalización y de la profesionalización de los medios delictivos, en uno de los mayores peligros a los que se enfrentan las democracias europeas. El espacio europeo de libertad, seguridad y justicia, generador de oportunidades económicas, conlleva también responsabilidades en el plano de la lucha contra el crimen. El libre tránsito de mercancías y personas genera un mayor dinamismo en las actividades delictivas, y por tanto, facilita la impunidad al implicar a una pluralidad de Estados, normativas y fuerzas policiales.

Las últimas décadas, desde el punto de vista de la seguridad, han puesto en evidencia la necesidad de abordar la seguridad desde un plano plurinacional, construido sobre la intima colaboración y sincera confianza entre Estados «amigos». Y es que, la expansión de la criminalidad organizada trasnacional pone en evidencia, que muchos de los actuales problemas se configuran desde la dimensión global, revelando que la reacción policial exclusivamente nacional es inútil y estéril, y por tanto, de éxito efímero. Si se quiere acomodar la reacción policial a la acción delictiva de la criminalidad organizada actual, hay que seguir insistiendo y fomentando la aparición de instrumentos comunes de actuación, no sólo europeos si no de la propia Comunidad internacional desde una perspectiva amplia. 

Por otro lado, y esta vez sí desde un punto de vista nacional, es conveniente someter a cuestionamiento los criterios político-criminales que deben regir y orientar nuestro actual Código Penal, y nuestra amplia legislación en materia de seguridad. La configuración de España como un Estado de Derecho, nos exige no sólo luchar contra el crimen, sino hacerlo desde el pleno respeto a los Derechos Fundamentales consagrados en la Constitución española.