Crimen organizado y economía ilegal.

La realidad cotidiana plantea la siguiente paradoja: desde los sectores legales de la economía se alienta un Estado no intervencionista, en tanto que para supervisar los sectores ilegales, se promueven políticas diametralmente opuestas, nítidamente intervencionistas. En consecuencia, el hecho de que las economías legales e ilegales estén en mayor o menor medida entretejidas, dificulta sobremanera la adopción de respuestas.

El desarrollo por parte de la delincuencia organizada de una interacción corruptora con los sectores legítimos de poder le permite además, amasar recursos, capitales, información y conocimiento empresarial, hasta alcanzar, siguiendo la clasificación de Lupsha (desarrollada en su trabajo Transnational Organized Crime Versus the Nation-State), la etapa simbiótica. Estadio en el que los sectores políticos y económicos se hacen dependientes de los monopolios y redes delictuales. En esta cúspide evolutiva del poder criminal, es ilusorio discernir las disimilitudes entre Estado y crimen organizado, entre economía legal e ilícita.

Representa el peor escenario posible, el que más preocupa y el más difícil de atajar, habida cuenta de la vinculación entre la economía criminal y los poderes públicos. Lo que Roy Godson identifica como el “nexo político-criminal”.

Por consiguiente, toda medida adoptada para limitar los efectos de la corrupción es el primer paso para constreñir la capacidad expansiva de la economía criminal. Las Administraciones Públicas, junto con otras profesiones como la abogacía, los economistas, las asesorías contables y financieras, la banca, las entidades de inversión, entre otras, en connivencia con las organizaciones criminales, desempeñan una función facilitadora para imbricar la faceta ilícita de la economía en su vertiente legal. Bien de forma directa, como parte integrante de la estructura criminal, bien simplemente, haciendo dejación intencionada de sus labores de control y fiscalización.